La información publicada por el gigante de Prisa tiene que ver con la Agencia Tributaria, que "intentó registrar la casa del presidente de LaLiga tres días antes de los acuerdos por los derechos televisivos", publica el citado medio. Y según añade el mismo periódico, el jefe de gabinete de Montoro, exministro de Hacienda y recientemente imputado por siete delitos, informó a este último de una inspección fiscal a Tebas.
"Llevan más de 10 años marcando las cartas, (y continúan), creyéndose intocables gracias a su 'superioridad' y la complicidad de parte de la clase política. La verdad ya me la habian contado. Ahora tengo también la verdad jurídica. Vamos hasta el final", ha indicado el mandatario del fútbol español en las últimas horas.
Hay que remontarse a 2015 para entender el contexto: LaLiga buscaba entonces explotar los derechos audiovisuales, ni más ni menos que la principal fuente de ingresos de los clubes desde entonces. En junio de ese año se alcanzó un acuerdo con Mediapro Sports para que dicha agencia se encargara de comercializarlos.
En el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, publicado en el BOE, se redactó lo siguiente: "Se plantea una situación de incertidumbre que sólo quedaría garantizada mediante la puesta en común de todos los derechos individuales. Especialmente comprometida es la comercialización de los derechos en los mercados internacionales, que resultará prácticamente inviable en las actuales circunstancias, al resultar imposible ofrecer un paquete conjunto a los operadores extranjeros interesados".
Según informó AS poco después, Teléfonica se hizo con los derechos de explotación -a nivel nacional- a cambio de 600 millones de euros. Esto queda muy atrás en el tiempo ahora, pues se cumple ya una década de la firma, pero vuelve a la luz debido a una noticia que tiene como protagonista al mencionado Javier.
En el mercado internacional, el empresario nacido en Costa Rica apuntó a que se ingresarían otros 600 'kilos' anuales. Más allá del alocado baile de cifras, lo cierto es que los equipos han aumentado sus ganancias de forma notable en comparación a hasta principios de siglo, con un control financiero que también ha incrementado sus obligaciones como sociedades -véase el limite salarial, una medida cuyo objetivo es evitar situaciones de quiebras, más habituales en tiempos pretéritos-.